La reciente manifestación pública de un diputado de la ciudad que por TV en horario pico, sostuvo y repitió –refiriéndose a Macri- que “si está procesado es un presunto delincuente” me provocó temor y desazón.

Temor porque implica una negación explícita de la garantía procesal penal más importante del sistema jurídico. Desazón porque proviene de un profesional que ejerce como diputado, y que ha jurado lealtad a la Constitución.

Los derechos humanos, que tanto esfuerzo y dolor ha costado imponer, se sustentan en principios y paradigmas de interpretación muy restrictiva. No son acomodables según convenga. El derecho a un debido proceso basado en la presunción de inocencia es un pilar que no debiéramos permitir sea agrietado por ningún arrebato de coyuntura.

Un proceso penal, en todos los casos, sea para un Gobernante o para un “pibe chorro”, es un camino a recorrer que va de la imputación a la sentencia final. Durante todo ese camino la inocencia está dada, no hace falta probarla. Es quien acusa quien debe aportar pruebas capaces de voltear la presunción más importante del sistema civilizado.

Si estuviéramos en el medioevo, con la Inquisición sería a la inversa. En esa época las brujas debían probar inocencia, y si no se podía, la hoguera. Era difícil probar lo que no se es. Cuidado entonces con el enano medieval que algunos albergan y que se les escapa por la boca.

Al Jefe de Gobierno procesado lo protege el mismo sistema de garantías que a todos: el procesamiento es una etapa de la instrucción que no causa estado. Sólo aprueba provisoriamente la imputación e indica que debe continuar el proceso y completarse ante un tribunal independiente. Miles de procesados han sido luego absueltos.

La legitimidad de un Jefe de Gobierno como han sido los casos de De la Rúa, Ibarra y ahora Macri está fundamentada en la soberanía popular, es decir el voto mayoritario de la sociedad. Ese voto es fundante de una legitimidad que se otorga por cuatro años, no como cheque en blanco, sino como decisión soberana de un pueblo de adjudicarle a un ciudadano una gestión constitucional.

Para atacar esa legitimidad de origen, desde otra legitimidad institucional –sea legislatura o judicatura- deben ocurrir circunstancias muy graves fehacientemente probadas. Cuidemos entre todos la democracia porteña. Pidamos que nadie se entusiasme por la expectativa de una derrota del adversario si ésta puede convertirse en precedente y abrirle la puerta a un fracaso estratégico del sistema democrático.

Pidamos prudencia a todos, y que en el justificado debate que se viene, no se nos pierda la brújula constitucional.