La forma provocativa y, desde mi punto de vista, estratégicamente torpe con la que el Gobierno ha insistido en usar las reservas a través de DNU, no debe dejar de soslayo la peligrosa tentativa de instalar que el Gobierno de CFK “está por fuera de la Ley”.

Esta irresponsable estrategia opositora es vicaria de neorepublicanos virtuales que dicen haber hallado una constante en los presidentes “progresistas” de la región: alcanzan el poder democráticamente y luego, permítaseme el neologismo, se “autoritarizan”.

Ante esta situación, la receta de combate varía en cada país pero en el nuestro ha tomado la forma de una violación flagrante de los límites de cada uno de los poderes de la República.

Poco importa si fue el estilo de conducción K o la crispación de una oposición de derecha que se ve tocada en su orgullo, (lo cual incluye sus intereses y una importante dosis de material para psicoanalista), la que exacerbó la injerencia desmesurada del Poder legislativo y, por sobre todo, del Poder judicial en la política que intenta llevar adelante el Poder ejecutivo.

Lo cierto es que en la última semana asistimos a jueces que advierten sobre una presunta rebeldía de la Presidenta que podría devenir en juicio político y una importante dirigente opositora que en su escalada solipsista, temerariamente llegó a afirmar que el Gobierno de CFK se ha transformado en un “gobierno de facto” (SIC).

Si esto resulta amplificado por editorialistas de Multimedios y otros Salieris filocastrenses que, según la coyuntura, indican que los K tienen un poder omnipresente y autoritario y renglón seguido hablan de la dispersión de la tropa, la anarquía y el poder vacante a ser rellenado, el resultado es, sin duda, peligroso para la democracia.

La irrupción parlamentarista

En este contexto, uno de los relatos que se está imponiendo, apoyado por algunos jueces, es aquel que indica que el único poder republicano en el que el pueblo se ve representado es el legislativo.

Acompañado con la insólita aseveración de que CFK fue “puesta” por su marido, lo cual ignora el resultado de las urnas, el Poder ejecutivo parece haberse transformado en el segundo poder de la república que, junto al judicial, es indiferente a la confirmación popular.

En esta línea, nuestro régimen presidencialista se transforma en un parlamentarismo de facto, algo que comenzó a suceder una vez que asumieron los electos el 28 de junio. Antes de ese episodio, el parlamento no representaba al pueblo, era una escribanía del ejecutivo. Ahora sí y por eso es el que tiene legitimidad para gobernar.

De más está decir que este parlamentarismo de facto está gozando de una primavera efímera pues deberá ceder, tanto como deberá hacerlo el ejecutivo nacional, para poder lograr salir de un empate que, a la larga, desprestigia a la clase política y por lo tanto, deja el campo abierto a la imposición, también de hecho, de los otros poderes de las repúblicas del siglo XXI: los jueces y las corporaciones.

Asimismo, la unidad de la oposición frente a un “otro”, comenzará a resquebrajarse en la medida en que acercándonos a las elecciones, su heterogénea composición deba empezar a diferenciarse y señalar con el dedo a su compañero en la mesa y en la foto.

Para otro momento quedará el interesante debate acerca de la forma parlamentarista o presidencialista y cuál es la más adecuada para nuestro país.

En la literatura académica el debate lleva décadas y quienes obnubilados por la tradición europea ensalzaron las virtudes de los sistemas parlamentarios han debido reformular y ceder ante quienes dieron buenos fundamentos a favor del presidencialismo.

Asimismo que sean mayoritariamente sectores de derecha los que hoy en día abogan a favor del parlamentarismo (de facto) no debe impedir observar que académicos e intelectuales progresistas como Raúl Zaffaroni sean los impulsores de una reforma constitucional (es decir, de “iure”) que acabe con el presidencialismo.

Sin embargo esta es la sutil diferencia: mientras para los adalides y hermeneutas de las formas republicanas, paradójicamente, el parlamentarismo es coyuntural y “de hecho”, para Zaffaroni y quienes abogan por este cambio de buena fe e independiente de las alianzas y las mayorías de turno, cualquier cambio será si y sólo si olvidamos las imposiciones de facto y los hacemos “de iure”, esto es, siguiendo todos los pasos de la Ley.