En virtud de la publicidad que en las últimas semanas tuvo el caso de la supuesta apropiación de menores por parte de Ernestina Herrera de Noble y en el marco de una multitudinaria convocatoria en torno al recordatorio del golpe del 24 de marzo, asistimos a un momento en que parecen estar revisitándose algunos debates, en su mayoría, saldados.

La justicia ya se expidió en contra de la teoría de los dos demonios; la mayor parte de la ciudadanía no avala que bajo el eufemismo de la reconciliación se esconda la impunidad; y las claques procesistas que se regocijan con las columnas dominicales de La Nación no son más que una minoría que se ahoga en la misma rabia que esputa en Foros y Portales.

Pero hay un debate más novedoso en función de un argumento que paradójicamente es sostenido por representantes tanto de izquierda como de derecha.

Me refiero a la idea de que el Gobierno se ha “apropiado de los Derechos humanos”. Detrás de esta afirmación se dice que los Kirchner nunca alzaron esa bandera y que si lo hicieron desde el 2003 hasta la fecha fue sólo por tener un sentido de la oportunidad.

Nunca por convicción. Esta acusación se apoya en datos que mostrarían que en el fondo ellos no sólo no fueron luchadores de la “juventud maravillosa” sino que lucraron y sacaron provecho de las condiciones económicas de la dictadura para amasar una fortuna a fuerza de usura.
No me interesa aquí saber cuánto de cierto hay en estas acusaciones.

De hecho me propongo recrear un experimento mental por el cual debemos suponer que estas críticas son ciertas. De esta manera, la pregunta que podríamos hacernos es ¿cuál sería el problema si se demostrara que los Kirchner adoptaron una ferviente pasión por los DDHH sólo una vez llegados al Gobierno Nacional? ¿Acaso desmerecería su accionar?

Haciendo una analogía y siguiendo con los experimentos mentales, podría interrogar a los progresistas con el siguiente escenario: Mauricio Macri, en una de sus vacaciones cae de un caballo y el golpe en la cabeza lo hace virar su política hacia la izquierda.

Al llegar a la Ciudad decreta que no hay que criminalizar la pobreza; que las Taser deben ser inutilizadas; que Alejandro Rozitchner será reemplazado por su padre León y que cansado de la gerenciación de la política ha decidido ideologizarse y llevar adelante un proyecto nacional y popular. Supongamos que todo esto es verdad y que el golpe en la cabeza es irreversible. ¿Debemos oponernos porque nos ha robado nuestras banderas? ¿Acaso debemos criticarlo porque llegó después que nosotros? ¿La acusación es por haber llegado tarde?

Cuando uno formula estas preguntas nota la insensatez de los que critican “la apropiación de una política”. ¿Qué más quisiéramos los progresistas que todos los gobiernos argentinos de aquí en más nos roben nuestras convicciones y las hagan suyas?

¿O acaso Alsogaray criticó a Menem por apropiarse de sus ideas liberales? Expuesto así, el debate parece ser acerca de quién ha patentado una ideología o una bandera y quién goza de la prerrogativa de cargar orgulloso ese estandarte. No importa el contenido sino el descubrimiento.

De este modo, insólitamente, en esta lógica donde lo que importa es la autenticidad y la resistencia a los archivos, haber sido el primero en adoptar un ideal es un mérito que parece estar por encima de la virtud de tener la voluntad y la capacidad de aplicarlo.