Legisladores y funcionarios de La Cámpora mantuvieron una serie de reuniones en Mar del Plata en donde decidieron promover a la diputada provincial Fernanda Raverta como nueva Defensora del Pueblo, en reemplazo de Carlos Bonicatto cuyo mandato vence en las próximos horas.

Raverta es hija del ex montonero Mario Montoto, empresario de la firma Codesur, una de las principales proveedoras de cámaras de seguridad a los distritos bonaerenses.

El nombre de Raverta surgió como de consenso dentro de La Cámpora en el marco de algunas decisiones que se tomaron este fin de semana en esa ciudad, aprovechando la estadía de Máximo Kirchner -muy cerca- en la quinta presidencial de Chapadmalal.

Allí surgió el nombre de la legisladora de Mar del Plata, hija del ex montonero luego devenido en empresario, Mario Montoto, y de María Inés Raverta, desaparecida en Perú en 1980.

Raverta fue jefa de Anses en su ciudad y en 2011 desembarcó en la Legislatura provincial, cuando La Cámpora avanzó conquistando los principales lugares en las listas del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires.

Desde su arribo a la Legislatura, la diputada se abocó a temas vinculados a los Derechos Humanos. Sin embargo, intentó apuntalar la defensa de los consumidores y usuarios a principios del año pasado cuando el gobierno promovió el programa Precios Cuidados.

LPO, explicó el fracaso de Raverta de intentar impulsar un proyecto sobre ese programa sin trabajar para reunir apoyos de las bancadas opositoras. A último momento, desde la presidencia de la Cámara, se decidió retirar la iniciativa ante la posibilidad de perder la votación en el recinto.

El futuro del Defensor del Pueblo es un tema de profundo hermetismo en la Legislatura. En diciembre se cumplieron cinco años de la elección de Bonicatto. Sin embargo, a través de un resquicio legal se permitió su continuidad hasta el 25 de febrero, fecha en que el ex diputado asumió formalmente.

Algunas versiones indican que se buscaría consensuar una prórroga del mandato hasta fines de 2015, con el objetivo de que sea el próximo gobierno que marque las pautas para la elección del Defensor.

Mientras tanto, en Senadores y Diputados aún no se conformó la Bicameral para designar su reemplazante, o eventualmente elegirlo para un segundo mandato. El sciolismo busca extender su mandato por otros cinco años.

El tema es esquivo tanto en legisladores oficialistas como opositores, pero desde ambos lados intentan promover nombres. En silencio, el sciolismo quiere que Bonicatto tenga un segundo mandato. La oposición, por su parte, no propala nombres. Lo cierto es que nadie quiere quedarse a fuera de un organismo de control que dispone de un presupuesto de casi 210 millones de pesos.

La ley que determina la designación del Defensor del Pueblo establece que los nombres del o los candidatos saldrán a través de una Comisión Bicameral integrada por siete senadores y siete diputados.

En la Cámara Baja se presentaron los postulados a integrar la Bicameral en mayo de 2014 con los diputados Graciela Rolandi, Luis Fernando Navarro, Cesar Valicenti y la propia Raverta por parte del Frente para la Victoria; Ricardo Jano, del Frente Renovador; Abel Buil, del Frente Amplio Progresista; y Liliana Denot, de la Unión Cívica Radical. Pero el Senado aún no se conformó esa comisión y todo se dilata.

Según pudo saber LPO, el nombre de Raverta ya comenzó a hacer ruido en la Defensoría, que desde hace varias semanas vienen trabajando para cerrar expedientes de cara a una posible auditoría que autorice la prórroga hasta diciembre, la elección de un segundo mandato o (lo que sería el peor escenario para ellos) abandonar la oficinas.

En 2009 hubo una feroz pulseada entre el juez Luis Arias, propuesto por la Coalición Cívica; y Bonicatto, impulsado por el Frente para la Victoria. Finalmente el elegido fue el ex diputado cercano al ministro de Justicia, Julio Alak, por 88 votos a favor y 4 en contra.

Algunas versiones periodísticas aseguran que -a pesar de la derrota en su primera postulación- Arias tiene intenciones de volver a postularse. El magistrado, que responde al vicegobernador Gabriel Mariotto, ve con buenos ojos esa caja de más de 200 millones de pesos.