Horacio Rodríguez Larreta quiere que el Gobierno nacional le traspase la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla las sociedades comerciales.

La IGJ estuvo manejada por La Cámpora durante el gobierno de Cristina Kirchner y fue clave en para entorpecer las causas por corrupción del kirchnerismo.

Envalentonado por el traspaso de una parte de la Policía Federal a la Ciudad, el jefe de gobierno porteño espera además el traspaso de la Justicia Penal y del juego, una faena en la que negocia con Mauricio Macri y Cristóbal López, como adelantó LPO.

El argumento de Larreta para que le traspasen la IGJ es que todas las provincias tienen su registro de personas jurídicas y que la Ciudad no tiene uno, por lo que las empresas radicadas en la Capital deben inscribirse en el IGJ nacional.

Por esa razón, en 2008, cuando el PRO sólo gobernaba la Ciudad y el kirchnerismo la Nación, el macrismo logró aprobar una ley porteña que creó el “Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas”, conocido como la “IGJ porteña”.

Pero la Justicia suspendió ese registro local alegando que la Legislatura porteña había usurpado facultades del Gobierno nacional.

Uno de los impulsores de aquella IGJ porteña fue el entonces legislador Martín Borrelli, que hoy es subsecretario de Asuntos Registrales del ministerio de Justicia de la Nación, que regula los IGJ de todas las provincias. Para avanzar con el traspaso, en el larretismo esperan tener el aval de Borrelli, que si bien es un histórico michettista, llegó a Justicia de la mano del ministro Germán Garavano.

Casualmente Garavano es un acérrimo detractor de Daniel “Tano” Angelici, que hoy controla el IGJ a través de Sergio Brodsky, un hombre de la Franja Morada que además de ser cercano al presidente de Boca, también está vinculado al abogado Darío Richarte. Por ese motivo, una de las incógnitas que hay en el PRO en cuanto al posible traspaso del organismo, es si seguiría en manos del “Tano”.