Apenas asumido, el gobernador Alfredo Cornejo dejó en claro que además de las finanzas públicas dos áreas del Estado mendocino necesitaban reglas de juego especiales porque estaban en “emergencia”: salud y seguridad.

En el primer caso el diagnóstico fue más o menos unánime, en el segundo hubo resistencia del peronismo pero por sobre todas las cosas, se abrió un gran negocio de 1.800 millones de pesos. Resulta que Cornejo quiere una ley que lo autorice a tomar deuda para equipar a la policías, comprar insumos y construir una nueva cárcel. Para eso, necesita una aprobación especial de la Legislatura, que contempla dos tercios de cada cámara.

Amparado en la emergencia, Cornejo quiere avanzar además con contrataciones directas, lo que desató una pelea con el peronismo, que ya le impidió que otorgue la construcción de la cárcel sin licitación previa, como pretendía el gobernador radical.

Cornejo ya había entregado a Vila un lugar clave de su gabinete al nombrar en Educación al periodista Jaime Correas, que trabajó con el empresario de medios.

Si bien se descuenta que la ley de emergencia en seguridad se va a aprobar, se espera un debate caliente. Y los peronistas más kirchneristas prometen dejar en evidencia la relación “muy cercana” entre Cornejo y el empresario Daniel Vila.

“Uno de sus gerentes maneja la educación (por el periodista Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas) y ahora propone una ley de emergencia a medida de Arlink, la empresa de Vila que provee las cámaras de seguridad”, denunció un legislador provincial kirchnerista.

Arlink es la empresa de tecnología de grupo Vila-Manzano. Además de proveer internet, tiene el monopolio de las cámaras de seguridad en el Gran Mendoza. Incluso varios de los contratos que tiene con el Estado fueron fruto de contrataciones directas, tal como se denunció en el 2012. Según la entonces diputada Patricia Gutiérrez, por una ley de emergencia anterior, la empresa de Vila se quedó con la instalación de unas 470 cámaras.

Si bien el Gobierno actual ha reconocido que el 30% de las cámaras no funcionan por falta de mantenimiento, anunció que colocará 600 cámaras más, probablemente haciendo uso de la emergencia. Teniendo en cuenta las buenas relaciones de Vila con Cornejo, se descuenta que los negocios de Arlink se amplíen.

El primer contrato del Estado con Arlink fue en el 2009 por 120 cámaras a cambio de 8,3 millones de pesos por la colocación y el servicio de imágenes por 3 años.

Arlink ahora tiene casi 500 cámaras instaladas en el Gran Mendoza y el mayo del año pasado se le adjudicó una licitación por 8 millones de dólares para duplicar ese número: serán 570 cámaras más en la zona metropolitana, trabajo que aún se está realizando.

Así, en 7 años, Vila armó un negocio fenomenal en torno a la seguridad, que ahora apunta a quedarse con buena parte de los 1.800 millones de pesos que quiere destinar Cornejo al combate del delito haciendo uso de las excepciones que permitirá la inminente ley de emergencia.