Las constructoras de obras públicas y las contratistas que trabajan para AySA están cada vez más impacientes con la administración macrista.

A principios de enero, los funcionarios de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda que comanda Rogelio Frigerio se habían comprometido a cancelar parte de los certificados de obras atrasados a partir de la segunda quincena de febrero.

Pero lejos de empezar a cobrar las facturas pendientes, las constructoras del sector de toparon en la última semana con una sorpresiva movida del ministerio que apunta a una nueva postergación de los pagos en juego.

A principios de enero los funcionarios de Frigerio se habían comprometido a empezar a sacar los pagos en febrero y ahora se habla que lo harían recién en el segundo trimestre.

Con el fin de ganar tiempo y patear los desembolsos para el segundo trimestre, Frigerio y el secretario de Obras Públicas, Daniel Chain resolvieron crear una nueva “Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios” de los contratos vigentes.

La flamante comisión—que imitando el estilo kirchnerista tiene una extensa y pomposa denominación—será la encargada de analizar y definir las actualizaciones de precios que correspondan aplicar a las obras de los planes de viviendas, escuelas, hospitales, acueductos, proyectos hídricos y los emprendimientos a cargo de AySA.

La tensión por este tema, anticipada por LPO, es tan grande, que este jueves Frigerio junto a Chain recibió a todos los ministros de Obras Públicas del país, para poner un poco de paños fríos ante los reclamos crecientes.

A cargo de un massista

El organismo que resolverá los ajustes contractuales que reclaman las constructoras estará integrada por cuatro miembros permanentes del equipo de Frigerio. El presidente será el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, el massista Ricardo Delgado, quien estará acompañado en la mesa directiva por Chain, el secretario de Vivienda y Habitat, Domingo Amaya y el subsecretario de Coordinación Carlos Padin.

Entre otras funciones, la comisión —que fue creada por medio de la resolución 20/2016 del ministro Frigerio –se dedicará a:

--Unificar los criterios de trabajo en los procesos de redeterminación de precios.

--Emitir un informe técnico en todos los casos de actualización de contratos.

--Coordinar la intervención de la SIGEN antes de aprobar los ajustes.

--Controlar el cumplimiento de la revisión final de las redeterminaciones de precios, previa a la aprobación del certificado de obra.

Además de fijar las reglas de juego que se aplicarán a partir de ahora, la resolución de Interior dispuso que los trámites de redeterminación de precios que se encuentren pendientes también pasarán a ser reanalizados y reclasificados por la nueva comisión.

Frigerio encabezó este jueves una reunión con ministro de Obras Públicas de todo el país.

Ministerio del Interior

La actual metodología de redeterminación de precios establece que los contratos de obras públicas podrán actualizarse a pedido de las empresas cuando “los costos de los factores principales que los componen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio superior al 10% a los del contrato, o al precio surgido desde la última redeterminación”.

El régimen vigente había sido aprobado tras la caída de la convertibilidad, en julio de 2002 por el decreto 1295 del ex presidente Eduardo Duhalde para restablecer el equilibrio económico-financiero de los contratos de obras públicas.

Desde entonces, se viene aplicando este esquema que es cuestionado por las empresas que lo consideran muy complejo y de larga tramitación.

En promedio, los procesos de redeterminación de precios demoran entre 8 meses y un año antes de ser resueltos por los funcionarios.

Actualmente, las actualizaciones contractuales se encuentran frenadas por otro hecho externo al sector. Es la parálisis que afecta al Indec y que provoca la falta de los índices que reflejan la variación de los costos específicos de la construcción que se toman en cuenta para las redeterminaciones de las obras.

De acuerdo con los datos que manejan los especialistas del sector, las redeterminaciones de precios pendientes representarían para el Gobierno un gasto extra que oscila entre los 5.000 y 7.000 millones de pesos.

A eso se agregan los certificados normales de obras que dejaron de abonarse a partir de noviembre y que – sólo en el caso de los programas que dependen de Frigerio y Chain—ya superan los 10.000 millones de pesos.

La demora en los pagos llevó a las empresas a paralizar la mayor parte de las obras y despedir al personal afiliado a la UOCRA.

Eso provocó que el secretario general del gremio, el ex kirchnerista Gerardo Martínez saliera a manifestar su preocupación por la pérdida de las fuentes de trabajo y a advertir sobre la posible implementación de medidas de fuerza si no se reactivan las obras frenadas por falta de pago.