La firma del convenio con la cooperativa de trabajo “La nueva Argentina” que tiene por ahora demorada el intendente de Almirante Brown, Rubén Darío Giustozzi, no escapa a la modalidad de contratación que derivó en denuncias de miembros de otras y el escandaloso despido de David Coronel, funcionario ligado al piquetero Emilio Pérsico y responsable del programa de inversión social que el Municipio ejecuta para el ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner.

La diferencia cualitativa entre este caso y los anteriores es que trascendieron detalles de su contratación como parte del plan previsto por el gobierno nacional para combatir el desempleo, luego que su homologación sufriera un traspié en el Concejo Deliberante, donde su expediente ingresó para ser tratado en el recinto el pasado 27 de agosto pero fue girado sin más trámite a la comisión de Medio Ambiente.

La abrumadora mayoría oficialista – 17 ediles – decidió sin embargo plegarse al pedido de informes promovido por la oposición y sancionar por unanimidad la solicitud al Departamento Ejecutivo para que brinde detalles sobre las irregularidades denunciadas a ese Cuerpo, el Municipio y la delegación regional del ministerio de Trabajo bonaerense que formularon por escrito miembros de algunas de las cooperativas.

“La nueva Argentina” es una de las 40 contempladas en el diseño previsto por las autoridades municipales en el segundo tramo de este programa que, según otros organismos estatales, privilegia proporcionar empleo, y un salario mensual a los que no lo tienen, por sobre cualquier otro objetivo.

La consecución de la meta sin mucho cuidado por la vía que se elija para lograrla es lo que motivó las denuncias de quienes se sintieron damnificados y también la preocupación expresada por la ministra Alicia Kirchner mediante el envío de dos auditorias para monitorear de cerca un aspecto sensible que se comprometió a cumplir el Municipio con el acuerdo celebrado: el estado contable de las cooperativas para que los fondos dispuestos al pago de haberes llegue a sus beneficiarios.

De hecho el convenio es taxativo en ese punto y destina casi un tercio del millón y medio de pesos que involucra a la compra de herramientas, útiles de librería y libros contables. Durante su visita a la comisión de Obras Públicas de la semana pasada, el secretario de Infraestructura y Servicios de la Municipalidad, Daniel Bolettieri, admitió que fue el autor intelectual de la iniciativa de precintar las computadoras en las dependencias al comando de Coronel cuando fue despedido (ver nota adjunta).

Bolettieri desmintió sin embargo manejos irregulares ante los ediles. Aunque la medida que propuso para “no tratar más el tema” que antes manejaban Coronel y el contador Luis Linardo – dos subordinados al área del que es máximo responsable – resultó inquietante para alguno de los presentes: tercerizar la administración del acuerdo de inversión suscripto.

La clave a semejante perplejidad se encuentra en la visita que realizó a la Legislatura el responsable del área de Producción y Desarrollo, Diego Fernández Garrido, quien justificó que unas 500 personas revisten en apenas dos cooperativas porque “ te imaginás que es más fácil tratar con dos responsables que con veinte.”

La que aguarda la firma de Giustozzi no escapa a la caracterización efectuada por Fernández Garrido pero no responde a los estándares del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Así es cómo la denominación de “La nueva Argentina” se convierte en metáfora de un singular momento político.

Gobernar es dar trabajo

El Concejo Deliberante recibió a mediados de julio el expediente caratulado “Convenio específico-programa de inversión social entre el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Almirante Brown” por un millón y medio de pesos para el segundo semestre del año y del que resultan beneficiarios 40 cooperativas para realizar tareas “preliminares” como “nivelamientos de suelo, zanjeos y otras que serán llevadas a cabo.”

El mismo acuerdo, precisa que “la Municipalidad se compromete a invertir la totalidad de los fondos según dipone la cláusula Cuarta que la deja “obligada a invertir en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de efectivización, 1.133.232,66 pesos para los gastos de mano de obra” y “409.000 pesos para la adquisición de herramientas necesarias, útiles de librería y libros contables.”

La cláusula quinta no es menos cristalina. “El ingreso de los fondos a otorgar por el Ministerio y las cuentas que representen las inversiones realizadas, serán registradas en forma individualizada en la contabilidad de la Municipalidad" y agrega que "a los efectos de la demostración del cumplimiento del convenio, deberá efectuar una rendición de cuentas documentada de la aplicación de los fondos” para lo que se establece un plazo máximo de 90 días y donde se subraya que la única responsable frente al Ministerio es “la Municipalidad.”

Las repercusiones políticas y periodísticas de las denuncias presentadas por los trabajadores de algunas cooperativas no lo son menos: aluden a un pago de peaje que habrían exigido Coronel y el contador Luis Linardo para garantizar su continuidad laboral. Era virtualmente imposible que el ministerio de Desarrollo Social no tomase cartas en el asunto. Lo que no está claro es el resultado de las dos auditorías enviadas por Alicia Kirchner, con un kirchnerismo necesitado de evitar exponer al desnudo cualquier fisura en el sistema de alianzas con los Intendentes del Conurbano, su último bastión.

El caso de la nueva Argentina

En el anexo I del acuerdo celebrado entre Giustozzi y Alicia Kirchner se detalla la denominación de las cooperativas beneficiarias (ver facsímil), todas con alguna alusión al apellido del marino inglés al que honra el nombre del distrito, excepto una: “La nueva Argentina” cuya documentación legal solo cuenta con el respaldo de una dependencia municipal –el área de Desarrollo Sustentable- pero no del INAE.

No es la única peculiaridad. Su actividad comenzó en septiembre del 2006 en el vecino distrito de Esteban Echeverría y fijó domicilio en Independencia 1997, de la localidad de Luis Guillón. Aunque en el 2008 decidió mudarse al Partido de Almirante Brown. Más precisamente a la calle Boulogne Sur Mer 2277 de la ciudad de Longchamps.

Es curioso que el convenio que el Intendente aguarda firmar con la cooperativa una vez que se destrabe la situación en el Concejo Deliberante, incluya el viejo domicilio original y no el actualizado. Tampoco lo es menos que la mayoría de los socios fundadores hayan renunciado y que el único que mantiene esa condición sea por ahora quien figura como responsable en el acuerdo: Antonio Juárez, con DNI 16.579.416.

Las mismas fuentes aseguran que sería otra la persona que finalmente suscriba el acta. De acuerdo al INAES el problema no reside tanto en quien sea presentado como responsable, sino que serían necesarias las firmas del síndico, el secretario y el tesorero de “la Nueva Argentina”. A menos que las tres funciones sean absorbidas por una sola persona, lo que no está contemplado en sus reglamentos.

El precio del deber

La oposición al kirchnerismo en la Legislatura realizó alguna de estas observaciones en la caliente reunión de Labor parlamentaria previa a la sesión del pasado 27 de agosto.

Los bloques no kirchneristas siguen con atención los pasos del oficialismo en el Concejo. El expediente pasó ahora a la comisión de Asuntos Legales que preside Norma Warrell, puntera de Giustozzi en el barrio Don Orione de Claypole y rozada por las versiones según las cuales los cooperativistas hacen cola frente a dependencias del Cuerpo para percibir sus haberes.

Algunas de estas cuestiones fueron abordadas por el secretario de Producción y Desarrollo, Diego Fernández Garrido, durante la visita que en tono informal realizó a los ediles hace dos semanas. Allí justificó agrupar a cerca de 500 trabajadores en apenas dos cooperativas, cuando el convenio prevé 40 para “evitar tener que tratar con tantos responsables.”

Algunos ediles solicitaron saber si tenía en su poder documentación que respalde esa metodología de trabajo. “En algún lugar la tengo que tener” fue la respuesta del funcionario que suele presentarse - sin que nadie se lo pregunte - como protegido del jefe del Gabinete, Aníbal Fernández. “La nueva Argentina”, de forma sugestiva, agruparía como mínimo a 80 cooperativistas, acaso un motivo que explique la energía que el intendente Giustozzi para que se apruebe su convenio.