Graciela Ocaña asumió el Ministerio de Salud con un prejuicio que devino en certeza: el entonces superintendente de Salud, Héctor Cappacioli, era la punta de un ovillo de manejos corruptos con los cuantiosos fondos que administra ese organismo, que hoy rondan los 3.500 millones.

Lo que nunca imaginó la ex ministra es que esa madeja terminaría en el mismísimo despacho de su mentor político en el oficialismo, el por entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Desde el minuto uno de su gestión como ministra, Ocaña puso la lupa sobre la Superintendecia y “peinó” de arriba hacia abajo la gestión de Cappacioli, en busca de una pista que confirmara sus sospechas. No hizo falta trabajar demasiado para encontrar el filón.

Un plan simple

Bajo el prometedor nombre de “Plan de prevención de enfermedades”, Cappacioli y su equipo diseñaron un mecanismo ad-hoc para manejar grandes masas de dinero, justo cuando transcurría la campaña presidencial, que tenía en este funcionario al cajero oficial de Cristina Kirchner. La iniciativa se programó en dos tramos de 50 millones cada uno.

"En enero pasado se distribuyeron más de 47 millones de pesos entre 52 Obras Sociales Sindicales y de Personal de Dirección, para que llevan a cabo 7 programas preventivos centrales: presión arterial, colesterol, obesidad, tabaquismo, cáncer de cuello de útero, diabetes, cáncer de colon rectal", se entusiasmaba Capaccioli a principios del 2008, en el programa de cable "Salud y Comunidad” de Jorge Moreno. Y fascinando prometía en mayo el desembolso de otros 50 millones ya que "según surge de las estadísticas, constituyen patologías que causan la muerte de nuestra población”. De ahí la urgencia, claro.

En la ocurrente propuesta también trabajó el entonces subgerente de Control Prestacional, Fernando Scopinaro, un allegado a Néstor Vázquez, el hombre fuerte en el manejo de este organismo en la última década, además de presunto socio del denominado “Yabrán” de los medicamentos, Néstor Lorenzo.

Las fuentes revelaron como se instrumento este programa, en un relato que impacta porque revela como aún los organismos mejor diseñados y con los fines más loables –en el caso de la Superintentencia controlar el gasto y los servicios de las obras sociales- se pueden desvirtuar al punto de provocar las irregularidades que deberían combatir.

Según las fuentes consultadas por La Política Online, el plan se giró a algunas obras sociales “elegidas” para que estas a su vez lo copiaran y remitieran nuevamente a la Superintendencia “solicitando” el servicio. La operatoria fue tan desprolija que en el apurado cruce de faxes se traspapelaron hojas y algunos expedientes tienen problemas de foliatura.

Las “elegidas”

El 27 de diciembre de 2007, Capaccioli firmó la resolución 806 que habilitó el reparto de 47,7 millones de pesos entre las obras sociales. Lo curioso es que los recursos no se distribuyeron en proporción al caudal de afiliados de cada obra social. El repaso de los beneficiados por esta tómbola revela que los más cercanos a Hugo Moyano –y por ende al Gobierno- recibieron los premios más gordos.

Los camioneros se llevaron 4 millones de pesos, mientras que a los empleados de comercio, mucho más numerosos, les asignaron 5 millones. Mientras que los gastronómicos de Luis Barrionuevo se llevaron 1.300.000 pesos, muy poco más que los trabajadores del turf, acreedores a 1 millón.

Así, mientras que el gremio de los trabajadores rurales recibió $ 1,58 por afiliado, y el de sanidad, $ 1,90; el de locutores obtuvo $ 254, y el de consignatarios de hacienda $ 478. Esas arbitrariedades llevaron a Manuel Garrido, entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, a abrir un expediente.

“El programa era impresentable, un invento total”, graficó a La Política Online una fuente que se cruzó con los expedientes.

Ocaña en operaciones

Graciela Ocaña nunca se vio obligada a utilizar esta documentación para concrear la salida de Capaccioli. Antes de jugar esa bala de plata, el ex funcionario le ofreció una excusa más pederestre, sus desaforados gastos de caja chica, que incluían abultadas facturas de la vinería Winery y según comentan los allegados a la ex ministra, hasta rubros insólitos como lencería. Con esos comprobantes en la mano, la ex ministra logró la salida del cajero de la campaña Cristina 2007.

El desenlace le provocó a Ocaña una pelea fea con Alberto Fernández. Es que acaso la ministra no registró que si Capaccioli era el cajero de campaña, el oficio lo había aprendido de un viejo conocedor en esos menesteres, nada menos que el entonces jefe de Gabinete, que debutó en esa posición en la campaña Duhalde-Ortega en la que se cruzó con los tóxicos activos de Aldo Ducler.

Incluso, en la campaña Cristina 2007, si bien Capaccioli era el recaudador oficial, el fruto de su tarea se consolidaba en una peculiar reunión de clearing que se realizaba todos los viernes en el despacho de Alberto Fernández y a la que asistían además de los dos nombrados, Sebastián Gramajo y Hernán Diez. El primero actual legislador porteño y el segundo director de Lotería Nacional, organismo sobre el que Capaccioli mantiene cierto control, de ahí que actualmente se desempeñe como “gerente” del canal de juegos Gambling TV.

El folcklore del peronismo porteño comenta que luego de un prolijo recuento, el propio Alberto Fernández introducía los fondos recaudados en la caja fuerte de su despacho.

Fotocopiar los expedientes

Una máxima no escrita de la política argentina, sugiere fotocopiar los expedientes más sensibles antes de abandonar de manera traumática un cargo. Se trata de una especie de seguro de retiro y llegado el caso hasta de vida.

Luego de la salida de Capaccioli asumió en la intendencia el abogado Juan Rinaldi, supuestamente un hombre de Moyano. Pero la realidad sería un poco mas matizada. “Rinaldi ya es un perro callejero, no reconoce al amo”, se divertía ante La Política Online un experimentado operador del submundo de la salud sindical.

Lo cierto es que este abogado millonario, amante de las carreras de autos, se dio por orden de Ocaña a la tarea de “ordenar” los expedientes del famoso plan de prevención de Capaccioli. Pero leal a sus viejos vínculos del mundo sindical lo hizo con su propia lógica no traumática.

“¿Muchachos, porque no se vienen? Vamos a tener que emprolijar estos papeles”, sugería el abogado Rinaldi a sus amigos sindicalistas. Pero el diablo, como suele hacer, metió la cola.

Ocaña ingresó en una etapa de guerra abierta con Moyano; y el jefe de la CGT lejos de aceptar las sugerencias “emprolijadoras”, comenzó a presionar fuerte para que la Superintendencia liberara el segundo tramo de 50 millones del programa de Capaccioli.

“La situación de Rinaldi era imposible, estaba en el aire por las presiones cruzadas que recibía”, agregó a La Política Online una de las fuentes consultadas. La ministra le ordenó trabar todo giro de fondos y empezó a reclamarle el envío de los expedientes, que contrareloj en la Superintendencia trataban de “empolijar”. Así, cansada de esperar, la ministra sacó una insólita resolución exigiendo el envío de los expedientes, algo que usualmente se resuelve con un llamado telefónico.

Fue “game over” para Rinaldi. Giró las carpetas –no le quedaba otra opción legal- y de inmediato Moyano exigió su renuncia a la ministra. “Necesito que lo saques a Rinaldi”, le dijo el camionero. “El hace lo que yo le pido, tenes mi renuncia, si querés llevasela a la Presidenta”, lo corrió Ocaña. Claro, no imaginó que el camionero le iba a tomar la palabra y tanto Rinaldi como ella terminarían fuera del Gobierno.

Pero antes de irse, Ocaña fotocopió prolijamente los expedientes del famoso plan de Capaccioli, que hoy descansan en un lugar seguro. Material que contiene firmas –incluso de actuales funcionarios- que llegado el caso, la Justicia estaría muy interesada en estudiar.