Gremios quieren que el Gobierno pague los sobrecostos de sus obras sociales

La CGT intentará convencer al Gobierno de pagar de manera directa los tratamientos médicos más complejos que en la actualidad afrontan las obras sociales sindicales. La central obrera encaró un proyecto para reclamarle al Ejecutivo absorber el costo de las prestaciones de salud más costosas, que en la actualidad deben pagar las obras sociales y esperar luego el reintegro de los valores por parte del Estado. Se trata de una iniciativa con la que Hugo Moyano espera sumar voluntades incluso de sus más críticos, con vistas al recambio obligado en la jefatura de la CGT, previsto para julio próximo.

Las líneas internas que componen la estructura de la central tomaron debida nota del cambio discursivo de Cristina de Kirchner respecto de los gremios, operado en las últimas semanas. Concluyeron que el próximo mandato será de mayor rispidez con el campo sindical y, en las reuniones más técnicas, establecieron estrategias a seguir para mantener un diálogo que consideran será imprescindible para la supervivencia de sus organizaciones de salud.

El desvelo recurrente de los sindicatos es por los fondos que, alegan, les adeuda el Estado. En esa línea mencionan dos

obstáculos: las demoras de la Administración de Programas Especiales (APE, el organismo encargado de reembolsar a las obras sociales el monto de los tratamientos médicos más complejos) en ejecutar las partidas presupuestarias, y la negativa recurrente del Ejecutivo de discutir el destino del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un acumulado de 11 mil millones de pesos que el Gobierno recauda de las organizaciones gremiales para el financiamiento futuro de los casos médicos más costosos.

Propuesta

Para zanjar ambas controversias, y a sabiendas de que el FSR no será devuelto a las obras sociales, en los gremios aguzaron el ingenio para desmarcarse de su principal problema financiero. Le propondrán al Ejecutivo crear una suerte de padrón de sus afiliados con afecciones crónicas que demandan tratamientos costosos (sida, cáncer y hemofilia, entre otras) para que la cobertura económica pueda pasar directamente por la APE, sin intermediación financiera de las obras sociales.

En la actualidad, los gremios deben informarle a la APE de los casos más complicados y del valor desembolsado, y aguardar el reintegro por parte de ese organismo. La queja más extendida es que la APE devuelve tarde y en menor medida los valores indicados por las obras sociales.

Ideólogos

La iniciativa cuenta con el aval de Moyano. Uno de los ideólogos es Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN, y tomaron participación dirigentes y técnicos de los denominados «gordos», grandes gremios de servicios que en la actualidad se oponen a la conducción del camionero al frente de la CGT.

De hecho, cerca de Moyano prevén que el proyecto servirá de puente con los sectores más críticos a su liderazgo. Como anticipó este diario, los señalamientos de Cristina de Kirchner al accionar sindical prendieron una luz de alarma en el sector y aceleraron los pasos hacia una eventual reunificación, con vistas a las elecciones internas de julio próximo en las que Moyano pondrá en juego la Secretaría General.

También motorizó la iniciativa la constatación de que el Gobierno incumplió con las últimas promesas que había hecho en materia financiera a las obras sociales sindicales. Por caso, a principios de año la jefa de Estado firmó un decreto para repartir entre los gremios $ 250 millones provenientes del FSR.

Los funcionarios encargados de esa mecánica habían asegurado que se trataba de la primera de cuatro cuotas iguales, que hacia fin de año completaría 1.000 millones de pesos en fondos para las obras sociales. Pasaron las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre, y el resto de las cuotas jamás se ejecutó, y los gremios apenas se esperanzan en obtener un segundo pago de $ 250 millones antes de fin de año.

Los mismos dirigentes que analizan el proyecto para los tratamientos médicos complejos calcularon que la APE les adeuda, de manera global, alrededor de 1.500 millones de pesos por coberturas pagadas y no reintegradas. Una forma sutil de convencer al Ejecutivo de escuchar sus reclamos.