El viernes 20 de diciembre, mientras el Senado demoraba la sanción de la ley de emergencia económica por una inesperada rebelión de la oposición, Alberto Fernández anunció una ley para modificar los regímenes previsionales de judiciales y diplomáticos, con mayores beneficios que el resto jubilados. 

Incluyó el tema en la extensión del período de sesiones extraordinarias pero nunca envió el proyecto y los gremios de los sectores afectados tuvieron tiempo suficiente para pedir clemencia en los despachos oficiales.

Consultados por LPO, fuentes del servicio exterior y de los sindicatos judiciales anticiparon las zonas grises que hay en las negociaciones con funcionarios del Gobierno, encabezados por el ministro de Trabajo Claudio Moroni. Su par de Justicia Marcela Losardo se encarga de contener a los referentes de Tribunales y el canciller Felipe Solá por ahora no se involucra con sus diplomáticos en este asunto. 

Ambos sectores tienen regímenes especiales propios que incluyen movilidad, pero en los cálculos del Gobierno ninguno se autofinancia y contribuyen al déficit de Anses. Concentran el 3% de los beneficiarios y el 10% del gasto y tampoco respetan el tope de 103 mil pesos que rige para el resto de los abuelos. 

Los diplomáticos no están convencidos de calcular las jubilaciones promediando sueldos de muchos años atrás. Los judiciales quieren proteger la carrera y no cederán al 82% móvil. 

Mauricio Macri había puesto el ojo en estos sistemas y un mes después del acuerdo con el FMI, que lo obligaba a reducir el déficit en tiempo récord, el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne creó una comisión especial para revisarlos. Jamás avanzó.

Alberto está dispuesto a hacerlo pero su demora se explicaría en la dificultad de llegar a una letra chica razonable, sin errores groseros que arruinen el debate. 

Los diplomáticos aceptan una baja de la movilidad del 85% al 82% móvil, pero ponen reparos a que su jubilación se calcule con el promedio de los últimos 60 meses y no por el cargo de mayor jerarquía de los últimos 4 años, como trascendió en un borrador que llegó a sus manos.

"Debería estar bien claro cómo se hacen los cálculos porque no es nada sencillo técnicamente tomar haberes de hace tanto tiempo", advirtieron. Una aritmética improvisada podría desguazar jubilaciones de diplomáticos que encabezan embajadas importantes. 

Son muchísimos, porque la ley de servicio exterior sólo habilita al Gobierno de turno a cubrir 25 cargos políticos a lo largo del planeta, destinados por lo general a los países más importantes. El resto de los destinos los ocupan empleados carrera. 

Un denominador común del proyecto sería el aumento de los aportes, que en los hechos se traduce en una rebaja salarial de los activos y en el caso de los diplomáticos llegaría al 4%. Pedirían que al menos se realice de forma escalonada para no afectar a las categorías más bajas.

Para ambos casos se contemplaría un "aporte solidario" de los jubilados, del 5% en los primeros dos años, 4% en los dos siguientes y 3% de ahí en adelante.

Antes de fin de año, los referentes del gremio judicial le anticiparon a Losardo que de ninguna manera cederán en el 82% móvil que gozan sus empleados, convertido en un lujo porque el resto de los jubilados está siempre lejos de esa actualización y sus haberes corren bien atrás de la inflación.

"Para nosotros es un derecho adquirido y lo íbamos a judicializar si lo sacaban. Lo entendieron y se va a sostener", aseguraron a LPO. No les afectaría tanto elevar de 60 a 65 años la edad mínima porque "casi nadie se jubila ni bien llega al piso de años", aunque esperan el detalle para que lo sigan haciendo con beneficios similares.

El proyecto elevaría el aporte de 11% más 1% adicional sobre la remuneración "sin tope" a 11% más 4 % . Los jubilados harían un aporte similar al de sus pares diplomáticos y otro del 1% al Pami.

"Lo que más nos interesa son los años de aportes que se tomen en cuenta para los cargos de funcionarios judiciales, porque tiene que respetarse la carrera", advierten los gremios, que pueden dar la pelea con la totalidad de sus empleados, porque la mayoría sueña con un cargo alto en la justicia al final de su carrera.  

Los diplomáticos afectados son un grupo más selecto, porque los agentes que no responden al servicio exterior no tienen beneficios y en los últimos años se quejaron de la brecha salarial cada vez mayor que había entre unos y otros. Tal vez esta ley la reduzca.