El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena no abandona el protagonismo. Hace unos años, la mayoría macrista del Consejo de la Magistratura lo invitaba a inaugurar oficinas y participaba de allanamientos por narcotráfico junto al entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo.  

Por estos días su perfil cambió: es el encargado de investigar posibles persecuciones ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri, a partir de una causa que le permitió presentarse como testigo a Cristina Kirchner.

Prefirió no asistir Horacio Rodríguez Larreta, otro de los presuntamente espiados, y pronto serán invitados dirigentes oficialistas, opositores, periodistas y hasta obispos que habrían sido victimas. Pruebas de las persecuciones fueron difundidas en el programa de Rolando Graña y no serán fácil de justificar para los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. 

Villena no descansa. Según fuentes cercanas a la causa, dispuso más de una decena de allanamientos en pocos días y su intención, interpretan, sería protegerse de un pasado reciente cercano a los líderes de la AFI que ahora dejó contra las cuerdas. La visita de Cristina a su juzgado fue todo un triunfo.

Su principal marca con el pasado que ahora está dispuesto a desnudar habría sido su participación en el apriete de agentes de la AFI al juez de Avellaneda Luis Carzoglio para que ordenara la detención de Pablo y Hugo Moyano, una misión reconocida por Arribas y Majdalani ante la bicameral de fiscalización de inteligencia del Congreso. 

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En una confesión histórica, justificaron la visita de espías en la necesidad de anticiparse al riesgo social que hubiera significado trasladar a los líderes del sindicato de camioneros a la cárcel. Según fuentes judiciales, los agentes habrían llegado al juzgado con una orden de detención en mano firmada por Villena que nunca se concretó. Carzoglio resistió la presión y fue suspendido por un jury de enjuiciamiento impulsado por el ex  procurador de la provincia, Julio Conte Grand.  

En abril, aquella misión tuvo otras revelaciones: al ex agente Facundo Melo relató en entrevistas televisivas que fue tentado por Alan Ruiz, ex jefe de operaciones de la AFI, para direccionar el testimonio de una barra brava en contra de Moyano, convertido en una obsesión de Macri después de frustrase la reforma laboral en el Congreso.

Melo, curiosamente, aparece en la causa de espionaje ilegal de estos días por haber sido quien trasladó a un narco detenido por Villena, apodado "Verdura" Rodríguez, hasta el domicilio del ex espía José Luis Vila, con la misión de llevar explosivos. Vila, un radical con historia en la ex Side y funcionario del Ministerio de Defensa durante la gestión de Macri, confesó ante el bicameral el incidente, que fue en 2018 pero se investigará a fondo recién ahora. 

Acorralado, el ex agente fue uno de los que aportó información al Congreso sobre el espionaje ilegal que realizaba por órdenes de Arribas, Majdalani y el ahora afamado Ruiz, un ex secretario de Seguridad de La Pampa en tiempos de Carlos Verna. 

La bicameral, con mayoría oficialista y presidida por el kirchnerista Leopoldo Moreau, tiene previsto citarlo junto a todos los agentes que hayan hablado ante la justicia. Cambiemos quieren conocer sus fichas de agentes y saber si acaso no violaron el secreto de Estado al confesar las operaciones que, dicen, le fueron en encomendadas. Los detalles del espionaje ilegal, cuentan, no tienen desperdicio y hasta podrían arruinar varias familias de los apuntalados. 

Pero nada detiene a Villena, que anota otro antecedente no menor: en febrero de 2019 allanó el domicilio de  Marcelo D'Alessio, el abogado encarcelado por liderar una red de espionaje ilegal junto a ex policías que reportaban a Arribas y Majdalani.

La causa la inició el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, a partir de una denuncia de extorsión del empresario Pedro Etchebest, pero cuando envió las patrullas a la casa de D'Alesio supieron que su colega se había anticipado.

Se preocupó en aclararlo cuando visitó el Congreso, porque era un dato clave para justificar el material secuestrado y el que nunca apareció. Sólo había expedientes sobre periodistas televisivos y uno con un presunto seguimiento a María Eugenia Vidal, por entonces gobernadora bonaerense y una posible amenaza al intento de reelección de Macri.  Los dos perdieron las elecciones pocos meses después, la AFI fue intervenida y ahora empezó a ser investigada. Pocos quieren defenderla.