Cristina Kirchner y Sergio Massa firmaron una resolución conjunta para crear una subcomisión que se encargue de seguir y auditar la intervención de llamadas telefónicas ordenadas por los jueces, que continuarán bajo el control de la Corte Suprema de Justicia.

La medida entierra el plan original de la vicepresidenta de retornarlas a la Procuración, que tuvo un primer paso cuando el Senado rechazó los decretos firmados por Macri que se la habían transferido desde el máximo tribunal. 

Pero el Frente de Todos nunca tuvo los votos para repetir el trámite en Diputados y se lo reprochó el senador Oscar Parrilli este lunes, cuando se filtraron audios de conversaciones entre Julio Grondona y Marcelo Tinelli de 2013, tiempos en que los teléfonos los pinchaba la entonces Secretaría de Inteligencia. 

Cristina dio otro paso para que la Corte se quede sin las escuchas

El oficialismo también tuvo un traspié en el Senado que lo obligó a cambiar los planes: Cambiemos se alió al interbloque federal y consolidó 29 votos propios, lo suficiente para bloquear los dos tercios en esa Cámara e impedir que se apruebe el pliego de Daniel Rafecas como procurador general.

Seguirá como jefe de los fiscales Eduardo Casal, un funcionario de carrera que en 2017 reemplazó a Alejandra Gils Carbó cuando renunció y su única actuación relevante este año no fue feliz para Cristina: le recomendó a la Corte rechazar su pedido de declaración de certeza sobre la constitucionalidad de las sesiones remotas. 

En este escenario, la vicepresidenta aceptó que las escuchas las siga controlando la Corte a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, la Dajudeco, que durante el gobierno de Macri estuvo a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, un ex secretario del juez Alfredo Lijo. 

Cambiemos quiso nombrarlo juez federal de Lomas de Zamora pero Miguel Pichetto no consiguió los votos un mes antes de convertirse en uno de ellos, por una efectiva gestión en pleno recinto de Cristina, que era senadora de otro bloque. Alberto retiró su pliego ni bien llegó a la Casa Rosada.  

Como explicó LPO la vicepresidenta no quería que la Dajudeco intervenga en la causas sobre espionaje ilegal y como no pudo evitarlo, intentará controlarla mediante una subcomisión permanente, que funcionará bajo la órbita de la Comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que en el último mes subió el perfil por la investigación de espionaje ilegal.

Apeló a un convenio que el Congreso firmó con la Corte en 2016 y le otorga el rol de hacer un seguimiento de las escuchas judiciales pero nunca se implementó, a tal punto que los legisladores no intervinieron cuando las conversaciones de Cristina y Parrilli se filtraron en los medios sin responsables. 

Según la resolución, la subcomisión deberá informar semestralmente a la presidencia de ambas Cámaras "la descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas por la Comisión Bicameral en cumplimiento de su misión, con la fundamentación correspondiente".